En marzo del año 2000, durante el apogeo de la contienda electoral, Óscar Espinosa Villarreal, entonces Secretario de Turismo, fue acusado por el delito de peculado en el ejercicio de una partida para la cual no existía, ni ha sido presentado por la procuraduría capitalina hasta la fecha, elemento alguno de vinculación de su parte con la ejecución y comprobación de la misma. La acusación de las autoridades capitalinas fue establecida sobre la base de la copia fotostática de un oficio del cual no se cuenta con su versión original y que no cumple por tanto con los requisitos necesarios para ser acreditado como evidencia.
Desde el momento de la acusación, se produjeron una serie de irregularidades, comenzando por ejemplo con el hecho de que no se le garantizo al acusado el derecho de audiencia para desahogar las pruebas que en su defensa intentaba ofrecer durante el proceso que la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados seguía para determinar la procedencia de la declaración de desafuero en su contra.
Desde entonces, la defensa de OEV continuó recabando información y evidencias en torno a las irregularidades y motivaciones políticas de la acusación, que han sido del todo desatendidas por el juez encargado del caso. Esta información se presenta a su consideración estructurada en cuatro secciónes para mejor comprensión:
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